*Nicolás Panotto*
Las elecciones legislativas del 26 de octubre en Argentina ofrecieron múltiples elementos para el análisis. Al inesperado triunfo arrasador del oficialismo se sumó otro hecho que rápidamente acaparó la atención de los medios y de las redes sociales: el ingreso, sin precedentes, de legisladores evangélicos al Congreso, con dos senadores y siete diputados.
Las especulaciones emergieron de inmediato. Comenzó a hablarse de una “bancada evangélica” al estilo de Brasil, a pesar de que las diferencias entre ambos escenarios son, desde cualquier perspectiva, abismales. La reacción mediática fue significativa: notas centrales en streamings, portales y programas políticos alertaron sobre el poder político que “los evangelistas” estarían adquiriendo con el gobierno de Milei, atribuyéndoles incluso una agenda social ya preparada para su impulso legislativo. Las interpretaciones abarcaron un amplio espectro: desde quienes destacaron las relaciones orgánicas entre el gobierno y algunos pastores influyentes en términos de movilización electoral, hasta quienes desempolvaron la vieja teoría conspirativa que presenta al movimiento evangélico como un supuesto “invento de la CIA”. Tampoco faltaron voces católicas pseudo-progresistas, alimentadas por un idealismo franciscoide, que denunciaron la ofensiva de un “protestantismo anglosionista” para enfrentar a un “catolicismo antiliberal y anticapitalista”. Y, por supuesto, reaparecieron innumerables referencias a la serie El Reino, que en 2021 amplificó esta disputa de sentidos en torno a lo evangélico mediante la representación de una comunidad acrítica, liderada por un pastor con ambiciones políticas, abusador, enriquecido fraudulentamente y manipulado por difusos poderes estadounidenses. Para algunos sectores, parece que estamos atravesando un momento en el que esa ficción comienza a leerse como diagnóstico.
A este clima se sumó una serie de hechos que reforzaron la visibilidad del vínculo entre el gobierno y sectores evangélicos. Primero, una reunión de oración en la Casa Rosada, organizada por pastores cercanos a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de Argentina (ACIERA), en la que participaron Milei y varios de sus funcionarios más cercanos, con motivo del Día de las Iglesias Evangélicas. Las imágenes de pastores “ungiendo” a ministros y autoridades, acompañadas del obsequio de Biblias, sorprendieron a un amplio sector de la población. Poco después trascendió una reunión entre Milei y Franklin Graham —hijo del célebre predicador Billy Graham— también en la Casa Rosada. Se sumaron las imágenes del megaevento “Festival Palau” en Rosario, encabezado por el hijo del reconocido predicador argentino-estadounidense Luis Palau. Todos estos encuentros tuvieron lugar en los días inmediatamente posteriores a las elecciones.
Las reacciones internas dentro del campo evangélico tampoco tardaron en surgir. La Iglesia Evangélica Luterana publicó una declaración repudiando “toda forma de utilización de la fe para legitimar proyectos políticos que no sirven al pueblo”, en referencia directa a los pastores que participaron de la mencionada “bendición” a un gobierno cuestionado por sus políticas regresivas en materia de derechos sociales y humanos. También aparecieron pronunciamientos de pastores influyentes, como Guillermo Prein, quien en su escrito “Leones y corderos” recordó que no pueden perderse de vista las profundas diferencias al interior del campo evangélico argentino, subrayando que muchos sectores de este universo religioso son herederos de luchas vinculadas a los derechos civiles.
Sin embargo, estas voces “disidentes” no alcanzaron la misma resonancia mediática. Los medios y buena parte de los análisis parecen preferir los lugares comunes y las teorías conspirativas, como si ese enfoque fuera el camino más eficaz para denunciar la supuesta instrumentalización política del campo evangélico por parte del gobierno.
Es cierto que la cercanía entre Milei y un sector evangélico —es decir, un conjunto específico de pastores y federaciones con importante presencia territorial, pero cuya representatividad no equivale necesariamente al apoyo político de las congregaciones que dicen representar— se ha consolidado a partir de una serie de hitos que reactivaron la discusión pública. A mediados de este año, Milei participó en la inauguración del templo “Portal del Cielo”, señalado como el más grande del país. El evento tuvo amplia visibilidad, especialmente por el discurso teológico-político-libertario que el presidente pronunció ante una multitud que desdibujaba los límites entre megaiglesia y mitin partidario. Otro hecho relevante fue el Decreto 486/2025, promulgado hace algunos meses, que habilita a las iglesias a constituirse jurídicamente: una deuda histórica del Estado argentino no solo con el campo evangélico, sino con todas las expresiones religiosas no católicas. Estos y otros episodios muestran que el gobierno reconoce la funcionalidad de cierto sector evangélico en distintas esferas.
Ahora bien, cabe preguntar nuevamente: ¿hay algo realmente novedoso en este vínculo? ¿Implica una relación sustancialmente distinta entre Milei y determinados sectores evangélicos respecto a otros tiempos? ¿Acaso no hemos visto dinámicas similares con Alberto Fernández, Mauricio Macri o Cristina Fernández de Kirchner, quienes también mantuvieron vínculos con grupos evangélicos afines? ¿Qué es, entonces, lo que genera tanta resistencia ahora? ¿No ha demostrado ya la historia política argentina que sectores evangélicos y otras voces no católicas se han vuelto actores clave en las nuevas dislocaciones de la política local? En ese caso, ¿cómo explicar la distancia entre estas lecturas pseudoamarillistas —que expresan sorpresa ante la visibilización evangélica y recurren, incluso, a interpretaciones conspirativas— y lo que viene ocurriendo desde hace décadas en torno a las transformaciones del campo religioso argentino?
Esta disonancia cognitiva entre ciertos análisis y la realidad territorial de la presencia evangélica, aun cuando se presenta como crítica y emancipadora, en realidad termina “haciéndole el juego” a determinadas dinámicas político-religiosas funcionales a gobiernos como el actual. Al insistir en diagnósticos reduccionistas, se evita interrogar con rigor las limitaciones que persisten en nuestros marcos analíticos para comprender el fenómeno público de lo religioso.
En otros términos, los prejuicios en circulación evidencian, una vez más, la dificultad persistente en Argentina —particularmente en la opinión pública, los análisis políticos y buena parte de la producción académica— para asumir de manera crítica, democrática y madura la presencia social de lo religioso, especialmente cuando involucra expresiones no católicas. Me atrevo a afirmar que en el país subsiste una resistencia especialmente intensa hacia “lo evangélico”, mayor que en otros contextos de la región, aun cuando ninguno de los hechos mencionados guarda semejanza con el nivel de influencia pública que actores evangélicos poseen en países como Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Brasil o diversas naciones de Centroamérica.
Esta singularidad argentina responde a múltiples factores: (1) la dificultad del progresismo y del liberalismo para analizar informadamente el rol político de lo religioso sin caer en estereotipos, especialmente respecto de sectores no católicos (lo cual se expresa en un secularismo fuertemente arraigado en la academia, en activismos abiertamente anti-religiosos —como puede observarse en algunas redes regionales de organizaciones civiles, donde la representación argentina suele ser la más beligerante en estos temas— y en un catolicismo progresista pro-Francisco que desconoce profundamente la configuración protestante/evangélica); (2) la limitada capacidad de los sectores evangélicos no conservadores para forjar alianzas estratégicas con espacios progresistas o liberalismos más amplios, aun cuando existen voces emergentes en esa dirección; (3) el peso del catolicismo en la sociedad argentina, que con la figura de Francisco reforzó identidades y fronteras católico-céntricas, muchas veces en tensión con el campo evangélico; (4) la persistencia del estereotipo “anti-yanqui”, que asocia automáticamente lo evangélico con la derecha religiosa estadounidense; y (5) la desconexión entre las políticas públicas nacionales en materia religiosa y la realidad territorial, donde los vínculos entre barrios, municipios y comunidades evangélicas adoptan formas más orgánicas, cotidianas y menos ideologizadas.
Lo que quiero decir es lo siguiente: la crítica a los riesgos que implica la relación de este gobierno con cierto sector religioso es necesaria y merece ser alertada, pero no desde el punto de partida que se está tomando. El problema de fondo es que el “ruido” mediático y político en torno al vínculo entre Milei, su gobierno y el sector evangélico conservador no se basa en la identificación de un hecho concreto que demuestre una peligrosa funcionalidad entre ambos (que podría existir, sin duda), sino en la persistencia del prejuicio anti-religioso, del estereotipo anti-evangélico y del romanticismo católico ilustrado que operan en un sector privilegiado y elitista con capacidad de ordenar la conversación pública nacional. Mientras no se desmonten esos núcleos estereotipados y desinformados, toda crítica al vínculo libertarismo-evangelismo quedará reducida a mera espuma de prejuicio, incapaz de abordar los nudos políticos que permitirían disputar sentidos y comprender la instrumentalización religiosa del actual gobierno. Es imprescindible tomar en serio la densidad histórica, sociológica y política de ese 15% evangélico junto a la movilización de otros sectores no católicos que, aunque lejos de los niveles de influencia observados en otros países de la región, constituye un actor social relevante que requiere una lectura informada, situada y consciente de sus ramificaciones y alcances, precisamente para identificar y promover miradas alternativas frente a los usos políticos de lo religioso en la Argentina contemporánea.
